Jaguar Uranium recibió autorización ambiental para explorar casi 60.000 hectáreas, mientras Myriad Uranium tomó el control de otro proyecto de 55.000 hectáreas. La provincia concentra casi la mitad de los recursos de uranio identificados en Argentina. El avance empresarial vuelve a poner en discusión la protección del agua, las restricciones legales y el futuro de la actividad minera.
El avance de las mineras canadienses sobre el uranio de Chubut
El interés de las compañías extranjeras por los yacimientos de uranio de Chubut cobró nuevo impulso durante los últimos meses. Dos empresas canadienses protagonizaron movimientos que reactivaron el debate sobre el futuro de la minería en la provincia.
Por un lado, Jaguar Uranium Corp. consiguió la aprobación ambiental para realizar trabajos exploratorios en el prospecto La Rosada, integrante del proyecto Laguna Salada. La autorización comprende seis propiedades mineras que abarcan 59.895,3 hectáreas.
Por otro, Myriad Uranium completó la adquisición del proyecto Los Altares mediante la compra de Buenavida Metales. La operación le permitió incorporar otras 55.013 hectáreas, distribuidas en 23 propiedades mineras.
En conjunto, ambas iniciativas involucran 114.908,3 hectáreas de propiedades mineras, aunque se trata de proyectos diferentes y esa superficie no equivale a un área autorizada para explotación.
Los movimientos empresariales se producen en una provincia donde las movilizaciones contra la megaminería marcaron buena parte de las últimas décadas.
El agua, la protección ambiental y el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios vuelven a ocupar un lugar central en la discusión.
Jaguar Uranium obtuvo autorización para explorar casi 60.000 hectáreas
La aprobación ambiental concedida a Jaguar Uranium permite desarrollar nuevas investigaciones sobre la presencia de uranio en el prospecto La Rosada.
Las actividades previstas incluyen relevamientos radiométricos, estudios geoquímicos, cartografía geológica y análisis destinados a determinar las características del subsuelo.
La empresa busca establecer cómo se distribuye la mineralización, cuál es su continuidad y qué posibilidades existen de ampliar el conocimiento del yacimiento.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental: la autorización ambiental para explorar no habilita la construcción de una mina ni la extracción comercial de uranio.
El proyecto todavía requiere estudios técnicos, económicos y ambientales antes de que pueda determinarse su viabilidad productiva.
En octubre de 2026, Jaguar presentó una primera estimación independiente de recursos minerales bajo estándares internacionales.
El informe identificó 4,2 millones de libras de óxido de uranio (U₃O₈) en recursos indicados y otros 10,1 millones de libras en recursos inferidos. También registró importantes volúmenes de vanadio.
La evaluación comprende sectores de Laguna Salada, Pampa de Arroqui y Buried Lake. Según la compañía, las áreas estudiadas representan apenas el 4,3% de las 210.284 hectáreas del proyecto.
Estos resultados alimentan las expectativas empresariales, pero no constituyen reservas mineras comprobadas ni garantizan que una eventual explotación resulte económicamente rentable.
La preocupación por el río Chubut y el dique Florentino Ameghino
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es su ubicación en una región vinculada al sistema hídrico del río Chubut y al entorno del dique Florentino Ameghino.
Los sectores que cuestionan el avance minero advierten sobre los riesgos que podrían representar futuras actividades extractivas para las fuentes de agua y los ecosistemas provinciales.
La minería de uranio requiere evaluaciones específicas sobre el comportamiento de los materiales radiactivos, la gestión de residuos, la protección de las aguas superficiales y subterráneas y las condiciones de transporte.
No obstante, el alcance de esos riesgos depende del método de extracción, las características geológicas y las medidas de control previstas.
Por esa razón, la proximidad a un curso de agua constituye un elemento que debe investigarse rigurosamente, pero no demuestra por sí sola la existencia de contaminación.
Myriad Uranium tomó el control de Los Altares
El segundo movimiento empresarial se concretó el 2 de noviembre, cuando Myriad Uranium confirmó la adquisición del 100% del proyecto Los Altares.
La operación se realizó mediante la compra de Buenavida Metales a Green Shift Commodities.
El emprendimiento está ubicado en la Meseta Central de Chubut, en una región donde existen importantes antecedentes de exploración uranífera.
La compañía incorporó 23 propiedades mineras que suman 55.013 hectáreas.
Los Altares cuenta con antecedentes de aproximadamente 12.500 metros de perforaciones históricas. Sin embargo, Myriad deberá recuperar, analizar y verificar esa información antes de utilizarla para elaborar nuevas estimaciones de recursos.
La empresa considera que la cercanía con Cerro Solo, Meseta Central y la antigua explotación de Los Adobes representa una oportunidad para investigar estructuras geológicas de interés.
Una técnica de extracción que también genera interrogantes
Entre las alternativas que Myriad pretende estudiar figura la recuperación de uranio mediante lixiviación in situ, conocida como ISR.
Este procedimiento utiliza pozos para introducir y recuperar soluciones que permiten movilizar el uranio presente en determinadas formaciones geológicas.
A diferencia de la minería convencional a cielo abierto, no requiere excavar grandes volúmenes de roca para acceder al mineral.
Sin embargo, su aplicación depende de condiciones geológicas e hidrogeológicas específicas.
También exige controles rigurosos para evitar la migración de las soluciones hacia acuíferos que deban permanecer protegidos.
En Los Altares, la utilización de este método todavía constituye una hipótesis técnica. No existe información suficiente para afirmar que pueda implementarse de manera viable y segura.
Chubut concentra casi la mitad de los recursos de uranio de Argentina
El renovado interés de las compañías extranjeras se explica, en parte, por la importancia geológica de Chubut.
De acuerdo con el inventario nacional citado de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Argentina dispone de 33.650 toneladas de recursos de uranio identificados y recuperables bajo determinados parámetros económicos.
De ese total, 16.610 toneladas corresponden a Chubut.
La magnitud de estas cifras convierte a Chubut en una provincia estratégica para el abastecimiento de uranio.
Sin embargo, es importante distinguir entre recursos identificados, reservas económicamente explotables y producción efectiva.
La existencia de mineralización no implica que un yacimiento pueda ponerse inmediatamente en funcionamiento.
Cerro Solo: el principal yacimiento permanece bajo control estatal
Mientras las empresas privadas amplían sus proyectos, la CNEA conserva la titularidad de Cerro Solo, uno de los depósitos de uranio más importantes del país.
Ubicado en el departamento de Paso de Indios, el yacimiento acumula décadas de investigaciones geológicas, perforaciones y estudios sobre posibles métodos de extracción.
La información histórica registra alrededor de 410 perforaciones y evaluaciones sobre las características del mineral.
Durante 2026 se conocieron nuevos avances en estudios de prefactibilidad. Los trabajos incluyen la actualización de modelos geológicos y el análisis de posibles alternativas de desarrollo.
A diferencia de los emprendimientos privados que todavía atraviesan etapas exploratorias iniciales, Cerro Solo cuenta con una base de conocimiento técnico considerable.
No obstante, los estudios de prefactibilidad tampoco representan una autorización para iniciar la explotación. Cualquier proyecto productivo deberá superar evaluaciones económicas, ambientales, técnicas y regulatorias.
El uranio y la dependencia argentina de las importaciones
El debate sobre los recursos de Chubut también tiene una dimensión energética nacional.
Argentina utiliza uranio para abastecer su sistema de generación nucleoeléctrica. Sin embargo, desde la interrupción de la producción en Sierra Pintada, Mendoza, en 1997, el país no volvió a producir concentrado de uranio a escala comercial.
Como consecuencia, el abastecimiento depende de compras externas.
Según el informe sectorial citado del Gobierno nacional, durante 2024 las importaciones de concentrado de uranio alcanzaron los 33,2 millones de dólares.
La posibilidad de recuperar la producción local aparece así vinculada a la seguridad energética y al desarrollo de la industria nuclear.
Pero esa discusión también plantea interrogantes sobre el destino de una eventual producción, el papel del Estado y las condiciones bajo las cuales participarían las compañías extranjeras.
Disponer de recursos estratégicos no garantiza que su aprovechamiento beneficie automáticamente al desarrollo nacional o a las comunidades donde se encuentran los yacimientos.
La distribución de los beneficios, el control público y los costos ambientales forman parte de esa discusión.
Powerhaus amplía la exploración hacia Comodoro Rivadavia
El interés empresarial no se limita a Laguna Salada y Los Altares.
Powerhaus Uranium también impulsa el proyecto Malbec, ubicado en el departamento Escalante, en el entorno de Comodoro Rivadavia.
La compañía investiga posibles concentraciones de uranio asociadas a la Formación Salamanca.
Durante agosto de 2026, el proyecto Malbec Centro ingresó en una instancia de consulta pública vinculada con su Informe de Impacto Ambiental.
La propuesta contemplaba perforaciones exploratorias de hasta 5.000 metros. A diferencia de Laguna Salada, Malbec todavía no dispone de una estimación independiente de recursos minerales.
Por lo tanto, la compañía deberá comprobar la existencia, continuidad y concentración de la mineralización antes de considerar alternativas productivas.
La Ley 5001 y las restricciones a la minería en Chubut
Uno de los principales obstáculos para una eventual explotación comercial es la legislación provincial.
La Ley XVII N.º 68, conocida como Ley 5001, establece restricciones expresas a determinadas modalidades de minería.
La norma prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
Su aplicación a proyectos concretos exige analizar la naturaleza del mineral, el método de extracción propuesto y el encuadre jurídico correspondiente.
La existencia de tecnologías alternativas no implica que cualquier iniciativa pueda avanzar automáticamente.
En particular, los procedimientos de recuperación in situ requieren estudios hidrogeológicos capaces de demostrar que su implementación no comprometerá los recursos hídricos.
Por otra parte, una aprobación para explorar no debe confundirse con una autorización de explotación.
Esta distinción resulta fundamental frente a los anuncios empresariales y las preocupaciones que generan en la población.
El rechazo a la megaminería y la posición del gobierno de Ignacio Torres
La historia reciente de Chubut está atravesada por una fuerte resistencia social a los proyectos de megaminería.
Las movilizaciones populares, las organizaciones socioambientales y numerosos sectores comunitarios han cuestionado reiteradamente la posibilidad de ampliar las actividades extractivas.
La defensa del agua constituye uno de los principales ejes de esas protestas.
En ese contexto, los nuevos movimientos de compañías canadienses generan cuestionamientos hacia la administración provincial encabezada por Ignacio Torres.
Los sectores críticos consideran que el renovado interés empresarial forma parte de una política favorable a la expansión de actividades extractivas, en sintonía con la orientación económica del gobierno nacional de Javier Milei.
Sin embargo, los avances exploratorios informados no permiten afirmar por sí solos que el gobierno provincial haya autorizado explotaciones prohibidas por la legislación vigente.
Para determinar responsabilidades políticas y administrativas resulta necesario examinar las resoluciones ambientales, las condiciones impuestas a las empresas y los mecanismos de participación ciudadana.
Los riesgos ambientales de la minería de uranio
La extracción y el procesamiento de uranio presentan desafíos ambientales particulares.
Entre ellos se encuentran la gestión de residuos mineros, la presencia de radionucleidos naturales, la posible movilización de sustancias químicas y la protección de las fuentes de agua.
Los materiales residuales pueden requerir controles y sistemas de aislamiento durante períodos prolongados.
En cuanto al transporte del concentrado de uranio, conocido como yellowcake, los riesgos incluyen su toxicidad química, la exposición ocupacional y las consecuencias de eventuales accidentes o derrames.
El grado de riesgo radiológico depende de la composición del material, su concentración y las condiciones de manipulación.
Por eso, cualquier evaluación ambiental debe contemplar el ciclo completo de la actividad, desde la extracción hasta el transporte, procesamiento y gestión de los residuos.
La pregunta central es quién decide sobre esos recursos, bajo qué condiciones podrían aprovecharse y quién asumiría los costos ambientales de una eventual explotación.
Por ahora, los proyectos privados continúan en diferentes etapas de investigación y evaluación. Ninguno de los avances descriptos constituye una autorización para comenzar la extracción comercial.
Sin embargo, el renovado interés internacional confirma que el uranio de Chubut vuelve a ocupar un lugar relevante en la agenda minera argentina.
Y con él regresa un conflicto que la provincia conoce desde hace décadas: la tensión entre la explotación de sus recursos naturales, la defensa del agua y la voluntad de sus habitantes.
